Desarticulada una red que importaba residuos peligrosos para enterrarlos en vertederos de Zaragoza y Lleida

Según las pesquisas de la Guardia Civil, cada día se depositaban de forma descontrolada toneladas de desechos de todo tipo, incluyendo residuos peligrosos y tóxicos, sin haber sido sometidos a ningún tratamiento previo.

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Poubelle”, ha detenido o investigado a 19 personas y seis empresas pertenecientes a una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de residuos peligrosos de origen urbano. Se les acusa de varios delitos de pertenencia a organización criminal, contra los recursos naturales y el medio ambiente y falsedad documental.

Las investigaciones comenzaron fruto de la colaboración internacional, en el control de los residuos en frontera, al detectarse un tránsito inusual de camiones cargados con residuos urbanos provenientes de Europa con destino a empresas españolas. Unas primeras indagaciones permitieron identificar a una serie de empresas interrelacionadas y establecidas entre el sur de Francia y las Comunidades de Cataluña y Aragón, que comerciaban a grandes niveles con residuos procedentes de Europa.

Se pudo verificar que decenas de camiones entraban en las instalaciones de gestión de residuos controladas por la organización, pero que, en lugar de someter la carga a procesos de valorización, era redirigida directamente a un vertedero en Zaragoza.

Una vez identificada la trama completa, se comprobó cómo se realizaban contratos internacionales para la gestión de residuos urbanos, ofreciendo precios muy por debajo de mercado. Se estima que la organización criminal habría ingresado más de 16 millones de euros, desde 2020.

Estas prácticas contravienen la legislación y los sistemas de control medioambientales, cuyo espíritu reside en el principio de proximidad y en que cada uno se haga cargo de sus residuos. De este modo, España no puede admitir la entrada de este tipo de residuos para su eliminación en vertederos. Por ello, el procedimiento consistía en interponer una serie de empresas entre el productor y el vertedero español, que simulaban diferentes tratamientos y operaciones nunca realizadas, para que, al menos a nivel documental, pareciese que todo se hacía acorde con la legislación vigente.

El resultado es que diariamente se enterraban en Zaragoza toneladas de residuos de todo tipo, incluyendo residuos peligrosos y tóxicos, provenientes de Europa, todo ello a costa de un daño casi irreparable en los ecosistemas y la salud de las poblaciones colindantes.

Inspección en un vertedero de Lleida

Se han practicado seis entradas y registros en domicilios y sedes de personas jurídicas de las localidades de Fraga (Huesca), Terrassa (Barcelona) y Alcañiz (Teruel) en los que se han intervenido teléfonos móviles, discos duros, ordenares portátiles, pen drives, tarjetas de memoria, diversa documentación, 25.000 euros en efectivo y se ha realizado el volcado de las bases de datos y de los correos electrónicos de las personas jurídicas investigadas, así como de los detenidos. También se ha inspeccionado un vertedero ilícito en la localidad de Seròs (Lleida) y dos camiones para el traslado de residuos.

La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión de dos de las personas detenidas, líderes del entramado criminal en España, además del bloqueo de cinco bienes inmuebles, cuatro coches, cinco motocicletas y seis máquinas pesadas para el tratamiento de residuos. Así mismo han localizado hasta 34 cuentas bancarias utilizadas para el alojamiento y reconversión de los beneficios ilícitos.

Un negocio de entre 4.000 y 15.000 millones

Los delitos contra el medio ambiente crecen a un ritmo comprendido entre el 5% y el 7% anual, siendo la cuarta actividad delictiva más importante del mundo, después del tráfico de drogas, la trata de seres humanos y la falsificación.

Estudios recientes estiman que los ingresos anuales derivados únicamente del mercado ilícito de residuos en la UE están entre 4.000 y 15.000 millones de euros y que, a pesar de los daños que causan, los infractores corren poco riesgo de ser detectados y de verse sometidos a juicios y sanciones.