SDDR en España: Camino ineludible con consideraciones clave para su implementación

Luis Medina-Montoya Hellgren.

Director de Proyectos. 
Fundación para la Economía Circular.

El incumplimiento de los objetivos de reciclaje de envases de plástico de un solo uso obliga a adoptar un sistema de depósito y retorno, una medida eficaz pero controvertida que plantea retos económicos, logísticos y medioambientales en su implementación.

La reciente publicación por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del informe sobre la recogida separada de botellas de plástico de un solo uso en España en 2023 ha confirmado una realidad difícil de ignorar: nuestro país no está cumpliendo los objetivos de reciclaje establecidos por la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para la economía circular o el R.D. 1055/2022 de envases y residuos de envases, que establecían una ratio de reciclaje del 70% para dichos envases en 2023; en una suerte de herramienta de “alerta temprana”, para asegurar el cumplimento de los objetivos de la Unión Europea, establecidos en un 77% para el final del año 2025 y de un 90% para el final del año 2029. Según el artículo 59.2 de la Ley 7/2022, este incumplimiento activa automáticamente la obligación de implementar un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en un plazo de dos años. Este sistema, diseñado para fomentar el reciclaje de determinados envases mediante un depósito reembolsable, se presenta ahora como una solución necesaria, aunque no exenta de controversias y desafíos.

El sistema SDDR: una herramienta no tan nueva

El SDDR no es un concepto nuevo ni exclusivo de España. Países como Alemania, Finlandia, Estonia, Letonia o Lituania ya han adoptado este modelo, mientras que, en otros, como Bélgica, Francia, Italia o Inglaterra, ha sido objeto de amplios debates y finalmente rechazado. En esencia, el SDDR funciona de manera sencilla: los consumidores pagan un pequeño depósito al comprar ciertas bebidas envasadas, que recuperan al devolver los envases vacíos en puntos específicos, ya sea manualmente o mediante máquinas automáticas.

Conviene señalar, sin embargo, que este sistema sólo cubrirá en torno al 10% del total de envases domésticos que se ponen en el mercado, por lo que los ciudadanos deberán seguir separando sus residuos domésticos en las cinco fracciones habituales: envases, vidrio, papel y cartón, orgánico y resto, y continuar depositándolos en los contenedores habituales en la vía pública. El sistema no sustituirá las prácticas existentes de separación para el reciclaje, sino que las complementará para lograr un objetivo más ambicioso de recuperación de materiales.

En teoría, la propuesta parece impecable. Sin embargo, su aplicación práctica ha demostrado ser compleja y, en ocasiones, polémica. En Alemania, por ejemplo, aunque las tasas de retorno de envases cubiertos por el sistema alcanzan un porcentaje en torno al 90%, no se ha logrado reducir significativamente el uso de plásticos de un solo uso.

Más preocupante aún es el impacto social que este sistema ha generado en algunos países, pues en las repúblicas bálticas y la propia Alemania, se ha detectado un aumento en la actividad de personas en riesgo de exclusión social que recorren las calles y arcenes de carreteras recogiendo envases para devolverlos en las máquinas del SDDR. Aunque a primera vista esta práctica puede parecer positiva, estas personas en situación de vulnerabilidad a menudo vacían contenedores amarillos en busca de envases sujetos al SDDR, lo que genera suciedad en las calles y un deterioro de la calidad de vida urbana.

Además, estas prácticas pueden fomentar un reciclaje desequilibrado, donde los ciudadanos priorizan los envases por los que obtienen un supuesto beneficio económico, que no es tal, pues sólo reciben de vuelta lo que abonaron antes, descuidando el resto de los materiales reciclables o generando la percepción en el ciudadano, de que debe ser “retribuido” por cumplir con su responsabilidad respeto a la gestión de todos sus residuos.

El contexto español: luces y sombras en la gestión de residuos

En España, el diagnóstico de la gestión de residuos señala debilidades estructurales que complican la implementación de un sistema como el SDDR. Apenas un 20% de los residuos domiciliarios se separan de media en origen, una cifra baja si consideramos que este flujo supone el 20% del total de residuos generados en el país, una ratio de las más altas de la Unión Europea, donde los residuos de los hogares suponen, de media, el 9% del total de residuos. Esto ocurre a pesar de contar con infraestructuras de recogida avanzadas, accesibles y flexibles en cuanto a horarios y fechas de depósito, en la práctica totalidad de municipios.

Otro problema significativo son las grandes disparidades entre comunidades autónomas. Cataluña y el País Vasco lideran las tasas de reciclaje de envases con niveles cercanos al 60%, mientras que otras regiones apenas superan el 40%. Estas diferencias, que incluso pueden ser significativas entre provincias dentro de una misma comunidad, hacen que un modelo homogéneo como el SDDR sea difícil de aplicar de manera uniforme.

Los antecedentes recopilados por la Fundación para la Economía Circular, especialmente en el marco de los estudios multi participante que sirvieron de base a la puesta en marcha del proyecto “Anticipa”, también han señalado que la ausencia de un sistema armonizado y eficiente de recopilación de datos afecta a la eficacia de la gestión. Se estima que un porcentaje significativo de los residuos reciclados en circuitos privados no se contabiliza adecuadamente, lo que impide tener una imagen completa del flujo de materiales y su aprovechamiento.

El coste del cambio: impacto económico, social y medioambiental

Uno de los puntos más controvertidos del SDDR es su elevado coste. Según estimaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en un informe de 2017, la implementación de este sistema en España requeriría una inversión inicial de casi 1.400 millones de euros y un coste anual de gestión por tonelada 13 veces superior al actual. Estos costes no sólo recaerían sobre los consumidores, quienes tendrían que asumir un encarecimiento de los productos envasados, sino también sobre los pequeños comercios. Muchas tiendas y establecimientos de distribución o dispensación carecen del espacio necesario para almacenar envases devueltos o para instalar máquinas de retorno, que tienen un coste muy elevado, lo que podría derivar en pérdidas económicas y operativas.

Además, es importante considerar el impacto medioambiental indirecto que supone la implementación del SDDR. Este sistema requiere una logística adicional, con nuevas necesidades de transporte, recogida y gestión de envases, lo que conlleva un aumento de la huella de carbono asociada. Camiones adicionales, nuevas rutas de recogida y plantas de procesamiento específicas añadirán una carga medioambiental que debe ser cuidadosamente evaluada para no contradecir los objetivos de sostenibilidad que persigue el sistema.

Por otro lado, la gestión de estos envases plantea retos prácticos adicionales. A diferencia de los residuos del circuito tradicional, los envases sujetos al SDDR deben ser almacenados con extremo cuidado, tanto por los consumidores en sus domicilios como por los establecimientos de aporte y gestores intermedios. Un envase dañado, sin etiqueta o abollado podría no ser aceptado por las máquinas de devolución, lo que generaría frustración en los usuarios y podría desincentivar la participación

Lecciones de Europa: aciertos y errores

La experiencia europea ofrece lecciones importantes para España. En Alemania, el SDDR ha demostrado ser efectivo para recuperar estos envases de bebidas, pero no ha conseguido reducir el volumen total de plásticos de un solo uso, aunque en ningún momento se cuestiona la efectividad u oportunidad de implementar este modelo complementario.

Por otro lado, en Escocia, la implementación reciente del SDDR ha sido criticada por su falta de planificación y por el impacto negativo en pequeñas y medianas empresas, así como por las grandes inversiones realizadas sin resultados efectivos que las justifiquen por el momento. En Italia y Bélgica, los países europeos con las tasas de reciclaje más altas, se optó por no implementar el SDDR, prefiriendo reforzar los sistemas de recogida selectiva y la responsabilidad ampliada del productor.

Estos ejemplos subrayan la importancia de adaptar el sistema a las particularidades de cada país y de no sobrecargar a los ciudadanos ni a las empresas con costes o inconvenientes adicionales. En todo caso debemos ser conscientes de que ningún escenario de los existentes puede servir completamente de modelo para España, pues nuestro contexto, realidad y circunstancias son particulares.

Una hoja de ruta para España

Si bien la implementación del SDDR es ahora una obligación legal, su éxito dependerá de cómo se diseñe y ejecute en España. Una posible solución sería introducir el sistema de manera progresiva, comenzando con proyectos piloto auditados en comunidades autónomas con mejores tasas de reciclaje, como Cataluña o el País Vasco. Esto permitiría identificar y corregir errores antes de extender el modelo a nivel nacional.

También es esencial complementar el SDDR con medidas que fomenten la implicación ciudadana y mejoren la transparencia en la gestión de datos. La digitalización y la innovación tecnológica pueden desempeñar un papel crucial en este sentido, facilitando el seguimiento de los flujos de residuos y garantizando que se contabilicen correctamente.

Otro aspecto clave será la comunicación. Educar y sensibilizar a los ciudadanos sobre los beneficios del SDDR y trabajar en colaboración con municipios, comercios y empresas será fundamental para asegurar su aceptación. Si la percepción pública del sistema es negativa, coincidiendo además con la implantación obligatoria de una tasa municipal de basuras, que también impuso la mencionada ley 7/2022 a partir del año 2025, la existencia de una nueva fracción de residuos a separar y depositar, los residuos orgánicos y otras cuestiones, el SDDR puede ser percibido como una pieza más en un “puzle” ya complejo y el riesgo de rechazo masivo podría comprometer su éxito.

Avanzar con cautela hacia un modelo circular

La imposición del SDDR en España no debe interpretarse como un castigo por no cumplir con los objetivos de reciclaje, sino como una oportunidad para reflexionar en profundidad sobre la gestión actual de residuos y explorar nuevas soluciones y enfoques. Este sistema, aunque no está exento de retos, puede ser una herramienta eficaz para avanzar hacia una economía más circular y sostenible.

Sin embargo, es vital que su implementación sea progresiva, flexible y adaptada a las realidades del país, geográficas, económicas y sociales. Solo así podrá garantizarse que el SDDR cumpla con su propósito sin generar problemas adicionales. En última instancia, este desafío puede convertirse en una oportunidad para transformar la gestión de residuos en España, siempre que se haga con cuidado, planificación, sentido común y una visión clara del futuro.