Sindicatos y patronal del sector cementero valenciano se oponen el nuevo impuesto a la valorización energética de residuos

Representantes de CCOO y UGT-FICA y directivos de las tres fábricas de cemento de la Comunidad Valenciana aseguran que el impuesto acarreará negativas consecuencias ambientales y sociales.

Representantes de los sindicatos CCOO y UGT-FICA se reunieron la semana pasada con directivos de los dos grupos cementeros que operan en la Comunidad Valenciana (Lafarge y Cemex), con el objetivo de analizar las consecuencias para la industria cementera derivadas del nuevo impuesto a la valorización energética de residuos, creado por la Ley 21/2017, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana.

A juicio tanto de los representantes de los trabajadores, como de las empresas cementeras, el establecer un mismo impuesto disuasorio a la valorización energética, equiparándola a la incineración o al depósito en vertedero, vulnera lo estipulado en la legislación estatal y comunitaria aplicable sobre residuos, donde se deja claro que la recuperación del valor energético del residuo es considerado una necesidad ambiental para avanzar hacia la economía circular.

La valorización energética consiste en la sustitución parcial del combustible fósil habitual del sector cementero, el coque de petróleo, por distintas tipologías de residuos no reciclables con recursos energéticos aprovechables. En un comunicado, la Fundación CEMA explica que esta práctica está «avalada y potenciada por la Unión Europea, que se lleva realizando con todas las garantías de salud ambiental, desde hace más de 20 años en España y 40 en Europa, siendo precisamente los países del norte de Europa donde más se emplea este método para aprovechar material y energéticamente los residuos no reciclables».

En opinión de la industria cementera Valenciana, aplicar un impuesto a la valorización energética, cuando todavía se envían a vertederos más de la mitad de los residuos municipales generados en la Comunidad, llevará asociado un incremento todavía mayor de los desechos que se entierran en vertederos, contraviniendo además lo señalado en la legislación europea al respecto.

Desde el sector se alerta también sobre el peligroso “efecto frontera” que se podría generar y que consiste en la deslocalización de profesionales y empresas relacionadas con la gestión de residuos, así como a la pérdida de competitividad de toda la cadena de valor de las empresas implicadas en la gestión de los residuos en la Comunidad Valenciana.

Los asistentes a la reunión demandan «que la administración valenciana reconozca la importancia de la valorización energética para hacer la transición hacia una economía circular en la Comunidad Valenciana, conforme está exigiendo actualmente la Comisión Europea». A este respecto han solicitado una reunión al presidente de la Generalitat Valenciana para trasladarle su máxima preocupación «por las negativas consecuencias que esta medida puede tener para el mantenimiento del empleo y de la competitividad de las tres fábricas de cemento y en el empleo de calidad asociado a esta actividad».