El sector del plástico considera «desproporcionados» los objetivos de reducción de la ley de residuos

La directora general de Cicloplast lamentó ayer en el Congreso de los Diputados que la norma estatal vaya más allá de lo que estipula la UE y reclamó una aminoración sustancial de los objetivos de reducción de envases de plástico.

Los objetivos de reducción de plásticos de la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados “son absolutamente desproporcionados”, según indicó ayer la directora general de Cicloplast, Isabel Goyena, quien lamentó que la norma estatal va “más allá” de lo estipulado en las normativas europeas.

La directiva, que compareció ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, solicitó que la futura ley rebaje sus demandas en materia de reducción de envases de plástico, que actualmente prevé que sean del 50% en 2026 y del 70% en 2030 respecto a lo producido en 2022.

En lugar de esas cifras, consideró “mucho más razonables” unas metas del 20 y el 30% respectivamente.

Goyena también se mostró contraria al impuesto a los envases de plástico, al que calificó de “discriminatorio” puesto que generaría una desventaja competitiva con respecto a otros materiales, ante lo que solicitó que se retrase su entrada en vigor al menos 6 meses después de su publicación en el BOE.

Contra el impuesto a la incineración

Por su parte, la exdirectora de la empresa de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente en Madrid (GEDESMA), Nerea Alzola, quien también compareció ante la Comisión, calificó el anteproyecto como “muy extenso” y señaló que “contiene muchas contradicciones que van a ser difíciles de cumplir en un futuro”.

Alzola exigió una mayor capacidad de decisión para las empresas y autónomos a la hora de desarrollar sus propias vías de reciclaje, abordar y tratar sus propios materiales o decidir la vida útil de sus productos y qué etiquetado incluir en ellos.

Además, la exdirectora de GEDESMA pidió que se elimine el impuesto a la incineración contemplado en el anteproyecto, entre otros, ya que este tipo de tasas “da lugar a la ruptura del mercado nacional, especialmente en el sector privado”.

“Quien contamina paga”

También estuvo presente en la Comisión el consultor en sostenibilidad y gestión ambiental Alberto Vizcaíno, quien coincidió con otros expertos que ya comparecieron en jornadas anteriores en que el anteproyecto de ley “no plantea bien la responsabilidad ampliada del productor”.

Para Vizcaíno el principio de “quien contamina paga” que sigue el anteproyecto es insuficiente para gestionar el problema de los residuos en el país, ya que “siempre lo acaba pagando el ciudadano”.

El experto señaló que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados debe centrarse en “organizar el sistema de costes que plantea”, de tal manera que las administraciones que, por ejemplo, se encargan de recoger los residuos de los ríos y los bosques puedan trasladar los costes de dichos desechos a sus productores.

Fuente:
EFEverde