La sala respalda en general una ley de gestión de residuos y responsabilidad ampliada del productor que impulse una industria formal del reciclaje.
El Senado chileno aprobó el pasado martes por unanimidad un proyecto general de ley de Fomento del Reciclaje y de Responsabilidad Extendida del Productor, y abrió un plazo de indicaciones que se prolongará hasta el próximo 3 de agosto, para luego iniciar la discusión en particular del proyecto.
Esta aprobación fue valorada por el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, quien aseguró que “esta ley nos permitirá crear, por primera vez, una industria formal del reciclaje en Chile”.
El objetivo de este proyecto de ley es disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y valorización, mediante la creación de instrumentos de gestión ambiental –entre los que destaca la implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP)–, con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente.
Para ello, establece un marco general para la gestión de los residuos en el país, basado en la prevención y valorización de los desechos. Hoy en Chile se generan casi 17 millones de toneladas de residuos sólidos al año –de las cuales 6,5 millones son domiciliarios–, una de las tasas más altas de Latinoamérica. En la región ningún país supera el 15 % de material reciclado, y en Chile esta cifra apenas ronda el 10 %.
Según estudios realizados por el Ministerio de Medio Ambiente, en Chile se recicla cerca de un 5% de los neumáticos, un 50% de los aceites y lubricantes, un 7% de las baterías, menos del 2% de grandes y pequeños electrodomésticos, un 17% de los equipos de informática y un 80% de los papeles y cartones, entre otras.
Ante la ausencia de una ley que fomente el reciclaje, gran parte de los residuos terminan enterrados en rellenos sanitarios o, lo más grave para los ecosistemas, en vertederos ilegales. Sólo en la Región Metropolitana hay contabilizados 67 vertederos ilegales, donde terminan desde neumáticos hasta muebles, lavadoras y baterías.
El proyecto de ley introduce y regula la figura de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que establece que fabricantes e importadores de nueve productos definidos como prioritarios son responsables de la organización y financiación de la gestión de los residuos de dichos productos que se comercialicen en el país.
Los nueve productos definidos como prioritarios son los aceites lubricantes; aparatos eléctricos y electrónicos; diarios, periódicos y revistas; envases y embalajes (de vidrio, plástico, papel, cartón, metal y madera); medicamentos; neumáticos; pilas y baterías; plaguicidas, y vehículos.
El Ministerio del Medio Ambiente deberá fijar los objetivos de recogida y valorización de los residuos respecto de cada uno de estos productos.