El objetivo es llegar a disponer de 80 áreas de aportación en las que se puedan depositar para su posterior tratamiento los escombros procedentes de obras menores.
La Diputación de Soria continúa avanzando en la construcción de las áreas de aportación de residuos de construcción y demolición en la provincia y son ya 31 las zonas ejecutadas en diversos municipios. Estas obras han supuesto una inversión superior a los 152.000 euros.
Además, en estos momentos se encuentran en ejecución otras 14 áreas de aportación de RCD en otras tantas localidades.
Estas actuaciones obedecen a la convocatoria que realizó la Diputación Provincial para todos los ayuntamientos interesados en contar con una infraestructura que permitiese solucionar el problema de los vertidos de escombros ilegales. Una convocatoria que se realizó merced a un convenio con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la recuperación ambiental de zonas degradadas por el depósito de residuos inertes en la provincia con el objetivo de solucionar una problemática ambiental de muchos de los ayuntamientos de la provincia. La Junta de Castilla y León se encargó del sellado de los vertederos y la Diputación asumió el compromiso de solucionar el depósito de los escombros de las obras menores.
La construcción de las áreas de aportación se distribuyó en la provincia en siete grupos para hacer más operativo el proyecto. En total, se construirán 70 áreas de aportación a las que se sumarán otras 10 que se colocarán en sendos puntos limpios, haciendo un total de puntos para la recogida de residuos de obras menores en la provincia de Soria de 80. Las áreas de aportación de residuos de construcción y demolición son recintos vallados con una plataforma de 8 metros cuadrados con solera de hormigón y con capacidad suficientes para la colocación de dos contenedores para escombros.
Inversiones
En base al convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Soria realizará una aportación total para la construcción de estas infraestructuras de 500.000 euros en tres anualidades (200.000 euros en 2017, 200.000 en 2018 y 100.000 euros en 2019).
Los compromisos de la institución provincial son prestar en régimen de cofinanciación con los municipios el servicio de recogida, transporte y entregar a un gestor autorizado de los residuos domésticos de construcción y demolición procedentes de obras menores que se generen en los municipios; impulsar la obtención de la autorización para el tratamiento de residuos a la que están sometidos los puntos limpios coordinando y apoyando su tramitación; informar a los municipios en los que se presta el servicio sobre su obligación de exigir la constitución de la fianza previa al otorgamiento de la licencia de obra y sobre los procedimientos existentes para exigir a los ciudadanos una tasa por los residuos de construcción procedentes de obras menores realizadas en su municipio y que vayan a depositar en las áreas de aportación, o colaborar con la Junta de Castilla y León e instar a los municipios a que adopten las medidas de vigilancia, inspección y control de las escombreras recuperadas.