El Seprona destapa una trama que exportaba ilegalmente residuos peligrosos

La investigación ha puesto al descubierto la exportación ilegal y la gestión irregular como residuo peligroso de unas 10 toneladas de gas refrigerante R-22 bajo la denominación regenerado por una empresa valenciana.

Bajo la instrucción de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, el SEPRONA de la Guardia Civil ha desarrollado una investigación en la que se ha puesto al descubierto la exportación ilícita de gases considerados como sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) por parte de una empresa dedicada a la comercialización y distribución de gases fluorados refrigerantes. Además, esta empresa gestionaba irregularmente, como residuos peligrosos, los gases procedentes de la recuperación y no sujetos a comercialización, en vez de destinarlos directamente a su eliminación a través de un gestor autorizado.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de las comunicaciones recibidas de la Subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), que alertaban de una presunta exportación irregular de gas refrigerante R-22 regenerado con destino a Panamá.

Los investigadores localizaron una empresa, radicada en Valencia, que estaba eludiendo su deber de informar a la Comisión Europea sobre las exportaciones reales que efectuaba y los datos detallados sobre su almacenamiento de gases refrigerantes. Asimismo, tampoco comunicaba a la Administración Autonómica la realidad de los gases recuperados y los efectivamente destruidos o eliminados. Por otra parte, estaba realizando operaciones de exportación bajo la denominación de gas refrigerante HCFC-22 (R-22) regenerado careciendo de la preceptiva licencia de exportación concedida por la Comisión Europea.

Esta empresa reenvasaba los líquidos refrigerantes de gas R22 que deberían haber sido gestionados como residuos peligrosos y haberse eliminado, sin confeccionar el oportuno registro documental de los mismos para que la administración pudiera seguir su trazabilidad como residuo de tales sustancias. Así, se estima que habría realizado la exportación ilegal de unos 10.000 kilos del gas, bajo la denominación de regenerado sin tener autorización ni capacidad en sus instalaciones para conseguir esta clasificación del gas. El contrabando de estas 10 toneladas de R-22 habría supuesto un beneficio económico de entre medio millón y un millón de euros. Hay un total de 10 personas implicadas en esta investigación.

Finalmente, los gases refrigerantes ilegalmente exportados fueron enviados a Panamá en vez de haber sido enviados a plantas específicas para su eliminación.

Para ello ha sido fundamental la colaboración de Europol, así como la coordinación prestada por las autoridades competentes en la materia tanto del Ministerio para la Transición Ecológica como de la Generalitat Valenciana.

Situación medioambiental

Este tipo de actividades están sujetas a un estricto control debido a la progresiva disminución de la concentración de ozono en las capas medias de la atmósfera. Esta disminución de la concentración de ozono resulta sumamente dañina para la vida en la tierra y está provocada, en gran parte, por las emisiones de gases que se han englobado comúnmente como Sustancias que Agotan la capa de Ozono (SAO).

Desde el año 2010, están prohibidos el uso y la introducción en el mercado de gases que agotan la capa de ozono y, a partir del 1 de enero de 2015, quedó prohibida en el territorio de la Unión Europea la introducción en el mercado y uso de los HCFC en cualquiera de sus estados (puro, reciclado o regenerado).

Estas investigaciones coinciden temporalmente con un estudio de emisiones recientemente publicado por la ONU en el que se pone de manifiesto que la contaminación atmosférica continúa produciendo estragos en la salud de los seres humanos, calculando que afecta ya al 90% de la población mundial.

En la investigación realizada ha sido fundamental el funcionamiento de los mecanismos establecidos a nivel europeo para controlar el uso o comercio de estas sustancias. La Unión Europea, a través del sistema de expedición de licencias (ODS Licensing System) y de las comunicaciones a las que están obligadas los operadores de sustancias identificadas como sustancias que agotan la capa de ozono, puede evaluar la magnitud de su impacto ambiental y garantizar que las mismas están sometidas al debido control.

Además, este tipo de sustancias son gases de efecto invernadero con un Potencial de Calentamiento Global (GWP o PCA) asociado, parámetro que representa el calentamiento climático del gas de efecto invernadero respecto al del dióxido de carbono (CO2) que, para el R-22 es de 1.700, esto es, la liberación de 1 kilo de R-22, en términos de calentamiento atmosférico, equivaldría a la emisión de 1.700 kg de CO2, por lo que las casi 10 toneladas de R-22 objeto de la exportación habrían supuesto casi 17.000 toneladas de CO2 en Potencial de Calentamiento Global.