El texto provisional, que aún debe ser adoptado formalmente por el Consejo y la Eurocámara, contempla objetivos de reducción del desperdicio de alimentos y establece normas armonizadas sobre responsabilidad ampliada del productor para el sector textil.
La Presidencia del Consejo de la UE y los representantes del Parlamento Europeo alcanzaron el pasado martes por la noche un acuerdo provisional sobre la revisión específica de la Directiva marco sobre residuos, estableciendo objetivos para la reducción del desperdicio de alimentos para 2030 y medidas hacia un sector textil más sostenible y que produzca menos residuos.
Los colegisladores acordaron «objetivos ambiciosos pero realistas» sobre el desperdicio alimentario para 2030: reducción del 10% de los residuos de procesamiento y fabricación de alimentos, y reducción del 30% per cápita de los residuos procedentes del comercio minorista, los restaurantes, los servicios de alimentación y los hogares. Estos objetivos se calcularían en comparación con la cantidad generada como media anual entre 2021 y 2023.
Estos objetivos son los primeros que se establecen a nivel de la UE. El acuerdo también prevé la donación voluntaria de alimentos no vendidos que sean seguros para el consumo humano como un aspecto importante para reducir el desperdicio de alimentos.
Nuevas normas sobre residuos textiles
Por otro lado, el acuerdo provisional establece también normas armonizadas sobre la responsabilidad ampliada del productor de los fabricantes de textiles y las marcas de moda: serán responsables de sus residuos y deberán pagar una tarifa para ayudar a financiar la recogida y el tratamiento de residuos, que dependerá de lo circular y sostenible que sea el diseño de cada producto.
Los colegisladores acordaron abordar la generación excesiva de residuos en el sector textil y de la moda rápida y ultrarrápida, para evitar que los productos textiles se desechen antes de que alcancen su vida útil potencial. Los Estados miembros podrán adaptar las tasas que pagan los productores en función del tiempo de uso de los productos textiles y de su durabilidad.
El acuerdo provisional establece la igualdad de condiciones, incluyendo a todas las empresas en el ámbito de aplicación de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor. En este marco armonizado, todas las empresas, incluidas las más pequeñas, tendrían acceso a los recursos e infraestructuras necesarios para un tratamiento adecuado de los residuos textiles.
Para reducir la carga administrativa, las microempresas tendrán un año adicional para cumplir con estas obligaciones después de que se establezcan los esquemas de responsabilidad extendida del productor (en total, 3,5 años después de la entrada en vigor de las nuevas reglas).
Disposiciones viables y realistas
Paulina Hennig-Kloska, ministra polaca de Clima y Medio Ambiente, afirmó que «el acuerdo alcanzado hoy sobre los residuos textiles supone un paso importante hacia una economía europea sólida, circular y competitiva, al tiempo que respeta el principio de que quien contamina paga. Además, la UE establece por primera vez objetivos ambiciosos de reducción del desperdicio de alimentos para lograr sistemas alimentarios más sostenibles en la UE».
Por su parte, la europarlamentaria polaca Anna Zalewska añadió que «durante la ronda final de negociaciones, el Parlamento logró asegurar disposiciones que garantizan que el desperdicio de alimentos y los residuos textiles como parte de los residuos municipales se reducirán aún más. Logramos garantizar disposiciones viables y realistas para que los Estados miembros implementen políticas de reducción del desperdicio de alimentos y logramos garantizar que el sector agrícola no se vea afectado negativamente. También establecimos el marco legal para garantizar que los productores contribuyan a la recogida selectiva efectiva de los textiles que producen. Logramos reducir la carga administrativa tanto para los Estados miembros como para los operadores económicos».
El acuerdo aún debe ser confirmado por ambas instituciones, y una vez adoptado formalmente, los Estados miembros de la UE tendrán hasta 20 meses para actualizar sus leyes nacionales a fin de cumplir con las nuevas normas.
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