Con el objetivo de acabar con el greenwashing, a partir de 2024 las grandes empresas tendrán que hacer pública la información sobre la forma en que operan y gestionan los riesgos sociales y medioambientales.
La información no financiera que las empresas están actualmente obligadas a comunicar es en gran medida insuficiente para los inversores y demás partes interesadas. Además, los datos notificados pueden ser difíciles de comparar o de comprobar. Con el objetivo de que los inversores y la sociedad civil puedan conocer el impacto social y medioambiental de las empresas, el Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE alcanzaron la semana pasada un acuerdo provisional sobre las nuevas normas de información para las grandes empresas.
Así, la nueva Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) hará que las empresas sean más responsables al obligarlas a revelar su impacto sobre las personas y el planeta. El objetivo es acabar con el greenwashing o lavado verde y sentar las bases de las normas de información sobre sostenibilidad a nivel mundial.
Los nuevos requisitos de información sobre sostenibilidad de la UE se aplicarán a todas las grandes empresas (con más de 250 empleados y un volumen de negocio de 40 millones de euros), independientemente de si son cotizadas o no. Las empresas tendrán que informar sobre su impacto en el medio ambiente, los derechos humanos, las normas sociales y la ética laboral, basándose en normas comunes.
Información fiable y auditorías obligatorias
El acuerdo estipula que la información que proporcionen las empresas sobre su impacto en el clima o los derechos humanos será auditada y certificada de forma independiente. Los informes financieros y de sostenibilidad estarán en pie de igualdad y los inversores tendrán por fin acceso a datos fiables, transparentes y comparables.
Las empresas extracomunitarias con una actividad sustancial en el mercado de la UE (150 millones de euros de facturación anual en la UE) también tendrán que seguir normas de información equivalentes. Los Estados miembros supervisarán su cumplimiento con la ayuda de la Comisión.
El eurodiputado francés Pascal Durand, que dirigió las negociaciones del Parlamento Europeo, afirmó que «hoy en día, la información sobre el impacto de una empresa en el medio ambiente, los derechos humanos y la ética laboral es irregular, poco fiable y se abusa fácilmente de ella. Algunas empresas no informan. Otras informan lo que quieren. Los inversores, los consumidores y los accionistas están perdidos. A partir de ahora, tener un historial de derechos humanos limpio será tan importante como tener un balance limpio».
Durand añadió que «el mercado europeo de la auditoría extrafinanciera será estandarizado, mucho más riguroso y transparente. El Parlamento ha conseguido que los Estados miembros abran el mercado de la auditoría para dar cabida a nuevos actores certificados que se conviertan en protagonistas y no lo dejen sólo en manos de los auditores financieros, especialmente los cuatro grandes».