Europa vuelve a denunciar a España por la gestión de residuos

La Comisión Europea llevará nuevamente a España ante el Tribunal de Justicia de la UE, esta vez por los planes de gestión de residuos.

El pasado jueves 7 de junio, la Comisión Europea decidió remitir a España al Tribunal de Justicia de la UE por no establecer y revisar sus planes de gestión de residuos conforme a los requisitos de directiva marco sobre residuos (Directiva 2008/98 /CE) en cuatro comunidades autónomas -Aragón, Baleares, Canarias y Madrid- y en la ciudad autónoma de Ceuta.

Los planes de gestión de residuos son un instrumento clave para reducir los impactos adversos de la generación y gestión de residuos en la salud humana y el medio ambiente y avanzar hacia la economía circular.

España tenía que establecer los planes de gestión de residuos necesarios para cubrir todo su territorio el 12 de diciembre de 2010, y evaluar y revisar los planes por lo menos cada seis años. Además, España debía informar a la CE de los planes de gestión de residuos, una vez aprobados y de cualquier revisión sustancial de los mismos.

La denuncia llega después de que la Comisión haya pedido reiteradamente a España que cumpla sus obligaciones, a través de una carta de notificación formal en noviembre de 2016, seguido de un dictamen motivado en julio de 2017.

Los Planes de gestión de los residuos son uno de los instrumentos claves proporcionados por la Directiva marco de residuos (Directiva 2008/98/CE) para el logro de sus objetivos. Describen la situación actual y definen los objetivos de la política de gestión de residuos. También formulan las estrategias adecuadas y determinar los medios de aplicación necesarios para alcanzar esos objetivos.

Las Comunidades Autónomas tienen la competencia en materia de gestión de residuos. Por lo tanto, el cumplimiento de las obligaciones que deriven de la Directiva sobre planificación de la gestión de residuos se requieren tanto a nivel nacional como regional.

La adopción y, en su caso revisión, de los planes de gestión de los residuos pendientes contribuiría a acelerar la adopción de las soluciones necesarias para las dificultades que tiene España en la aplicación de las normas de la UE sobre gestión de desechos.