Los contaminantes orgánicos persistentes son sustancias químicas muy peligrosas que viajan a través de las fronteras internacionales, persisten en el medio ambiente y se bioacumulan, planteando un riesgo sanitario y ambiental.
La UE ha endurecido las normas aplicables a los contaminantes orgánicos persistentes, según la lista de sustancias peligrosas aprobada por las Naciones Unidas. Gracias al Reglamento adoptado ayer por el Consejo, las personas y el medio ambiente estarán mejor protegidos contra esas sustancias.
La actualización de las normas adapta el Reglamento a las últimas modificaciones del Convenio de Estocolmo, que fija el marco jurídico mundial para la eliminación de la producción, el uso, la importación y la exportación de los contaminantes orgánicos persistentes. Varias enmiendas armonizan en mayor medida el Reglamento con la legislación general de la UE sobre sustancias químicas. Como consecuencia de estos cambios, habrá mayor claridad, transparencia y seguridad jurídica para todas las partes que intervienen en la aplicación del Reglamento.
Los contaminantes orgánicos persistentes son sustancias químicas que son transportadas a través de las fronteras internacionales lejos de su lugar de origen -pudiendo llegar a regiones donde nunca se han utilizado- y persisten en el medio ambiente, se bioacumulan y plantean así un riesgo para la salud humana y el medio ambiente.
El 22 de marzo de 2018, la Comisión Europea presentó una propuesta de refundición del Reglamento sobre los contaminantes orgánicos persistentes. El Consejo adoptó su posición sobre el Reglamento el 28 de noviembre. Las negociaciones con el Parlamento Europeo se iniciaron el 4 de diciembre de 2018 y finalizaron el 19 de febrero de 2019 con un acuerdo provisional, que fue refrendado por los representantes permanentes ante la UE.
Con la adopción de ayer, última fase del procedimiento, el Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.