La UE propone la creación de unidades policiales especializadas en delitos ambientales

Después de que la UNEP (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) presentara junto con la INTERPOL, la mayor organización policial a nivel internacional, un informe sobre Medio Ambiente, Paz y Seguridad, el Consejo de la UE ha presentado unas Conclusiones sobre la lucha contra los delitos que atentan contra el medio ambiente. En este documento, el Consejo recomienda la creación de unidades policiales y legales en los Estados miembros y una mayor coordinación entre los diferentes organismos ya existentes para combatir de forma más efectiva los delitos ambientales, habida cuenta de los riesgos crecientes que suponen para la paz y la seguridad.

Alexandra Farbiarz Mas
TERRAQUI. Derecho Ambiental
El mismo día en que la UNEP y la INTERPOL presentaron públicamente el informe estratégico “Environment, peace and security. A convergence of threats” (Medio ambiente, paz y seguridad. Una convergencia de amenazas), el pasado 8 de diciembre de 2012, el Consejo de la UE presentó unas Conclusiones acerca de la lucha contra los delitos ambientales.

En los últimos años, tal como se ha comprobado en el mencionado informe de la UNEP-INTERPOL, este tipo de delitos están aumentando, anualmente, entre un 5% y un 7% alrededor del mundo.

Hay que tener en cuenta que existe una gama muy amplia de tipologías de delitos ambientales, y que muchos de ellos están, a su vez, relacionados con delitos como la corrupción, la falsificación, el narcotráfico, la delincuencia financiera y la cibercriminalidad.

Por otro lado, en el seno de la UE existen grandes diferencias en la legislación nacional de los Estados miembros tanto en relación con los procesos penales, en particular las diversas distinciones entre falta administrativa y delito, así como respecto a las cuantías de las penas o las diferentes condiciones legales para la utilización de medios específicos de investigación.

Es por todo ello que el Consejo insta a los países miembros, entre otras medidas, a que:

• “Doten a las autoridades policiales y a otras autoridades pertinentes de la capacidad suficiente para detectar e investigar los delitos ambientales de forma oportuna” y ” (… ) la especialización de fiscales tanto a escala nacional como regional, así como de magistrados, de acuerdo con la legislación y las prácticas nacionales”.
• “Coordinen las actividades relativas a la lucha contra los delitos ambientales a escala nacional, inclusive entre los servicios policiales, aduaneros, medioambientales y administrativos, implicando a todos los actores pluridisciplinarios pertinentes, definiendo claramente sus cometidos y garantizando un sistema seguro para compartir información de forma activa entre dichos actores”.
• Recomienda la organización de actividades que impliquen a distintos actores y de distintas disciplinas para la lucha contra la delincuencia ambiental tanto a nivel nacional como regional que, a su vez, contribuyan en la mejora de la recogida de la información necesaria para llevar a cabo las investigaciones que correspondan.
• Mayor formación para todos los profesionales implicados en la lucha contra la delincuencia ambiental con la cooperación de la Red Europea de Formación Judicial (REFJ) y la Agencia de la Unión Europea para la formación en la aplicación de la ley (CEPOL).
• Se permita que participen investigadores financieros cuando sea procedente en materia de delitos ambientales.
• Se considere “la posibilidad de introducir la obligación por parte de los condenados por delitos ambientales de cubrir los costes de aquel organismo ambiental que haya descubierto los hechos que condujeron a su procesamiento”.

Para ello el Consejo señala “la necesidad de mejorar el diálogo y la cooperación con las organizaciones internacionales pertinentes, y de asociar según proceda a todos los actores no estatales, entre ellos a las organizaciones no gubernamentales y el sector privado”.

A este efecto, el Consejo solicita mayor coordinación con organismos ya existentes que realizan una labor de vigilancia, denuncia y seguimiento de los delitos ambientales y que estos, a su vez, refuercen sus lazos de cooperación, intercambio de información y formación con el fin de hacer más efectivo su trabajo. Estas son las entidades a que hace referencia el Consejo en sus Conclusiones:

• La Red Europea de Lucha contra la Delincuencia Medioambiental (EnvicrimeNet).
• La Red Europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente (IMPEL).
• La Red europea de cooperación transfronteriza y aplicación de la ley en el ámbito del transporte marítimo y fluvial (AQUAPOL).
• La Red Europea de Fiscales de Medio Ambiente (ENPE).
• El Foro Europeo de Jueces para el Medio Ambiente (EUFJE).
• El Grupo asesor de Fiscales del Sureste Europeo (SEEPAG).
• ENVIRONET, el instrumento de comunicación global para la lucha contra los delitos ambientales en las fronteras, puesto a punto por la Organización Mundial de Aduanas.

A su vez, el Consejo recomienda a la Comisión que se incremente la eficacia de la aplicación legislativa contra los delitos ambientales, que apoye la cooperación entre los distintos organismos europeos implicados en la lucha de este tipo de delitos y particularmente con la Oficina Europea de la Policía (EUROPOL), la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (EUROJUST) y la mayor organización policial internacional (INTERPOL), así como la creación de capacidades para los Estados Miembros, incluyendo las referidas al orden financiero, que lleguen tanto a nivel nacional como a nivel regional.