Una reforma fiscal ambiental mejoraría el medio ambiente y reduciría la economía sumergida

Según investigadores de la UPV/EHU, cuando se introduce un impuesto ambiental, los colectivos que realizan trabajo informal comienzan a pagar impuestos por la vía indirecta del consumo.

Desde la década de los 90 se viene estudiando el efecto que tendría el introducir una reforma fiscal ambiental en un sistema económico. Este tipo de estudios, sin embargo, no habían tenido en cuenta hasta ahora la economía sumergida, una actividad que, en el caso de España, por ejemplo, llega a alcanzar el 20-25% del PIB. Un grupo de investigadores de la UPV/EHU y el Basque Center for Climate Change (BC3) han abordado este tema, y han concluido que una reforma fiscal ambiental podría ayudar a reducir el perjuicio que la economía sumergida tiene en el sistema público, además del beneficio ambiental que acarrearía. La revista Energy Economics ha publicado la versión on line del trabajo, y próximamente lo hará en papel.

A medida que han ido surgiendo diferentes problemas ambientales, se han realizado numerosos trabajos académicos para estudiar la posibilidad de incorporar una reforma fiscal ambiental, y el efecto que esta tendría en la economía. La reforma fiscal ambiental es una de las posibles vías para abordar los problemas ambientales, y consiste, básicamente, en imponer impuestos sobre las actividades asociadas a problemas ambientales, como las emisiones de CO2, y reducir otro tipo de impuestos.

“Los impuestos ambientales consiguen que los consumidores y las empresas paguen por el daño que genera la polución sobre la sociedad. Además, estos pueden ser en algunos casos muy eficaces ya que consiguen inducir cambios en nuestros hábitos o comportamientos y así reducir la contaminación”, explica Mikel González-Eguino, uno de los investigadores que ha llevado a cabo este estudio.

La recaudación de los sistemas públicos a través de los impuestos suele verse mermada por la llamada economía sumergida, es decir, la actividad económica que no paga impuestos, y es “una parte significativa y creciente, en términos de PIB, en muchas economías desarrolladas”, detalla González-Eguino. En España y otros países del sur de Europa se estima que tiene un volumen equivalente al 20-25% del PIB.

En la reforma fiscal que propone este grupo de expertos, se utilizarían los ingresos procedentes de los “impuestos verdes” para reducir los impuestos sobre el trabajo en la misma cuantía, ya que, “en este trabajo no hemos querido entrar en el debate sobre cuál es el tamaño óptimo del sector público —detalla González-Eguino—. Simplemente con la reforma aseguramos que se recaudaría el dinero necesario para mantener los servicios públicos existentes, pero gravando más la contaminación y menos el trabajo”.

Los investigadores utilizaron modelos económicos para simular cómo afectaría a la economía española general una reforma de este tipo. “Utilizamos una metodología, conocida como equilibrio general computable, que nos permite tener en cuenta a todos los sectores económicos y analizar así políticas que afectan de una forma estructural a la economía. La novedad es que hemos incluido la economía sumergida, algo que los estudios realizados anteriormente no habían contemplado”.

El sistema impositivo saldría reforzado

En las simulaciones realizadas, los investigadores observaron un mayor beneficio en el sistema público que el que esperaban: “cuando se introduce un impuesto ambiental, los colectivos que realizan trabajo informal comienzan a pagar impuestos por la vía indirecta del consumo. Si a la vez se reduce el impuesto sobre el trabajo, se consigue una disminución de la ineficiencia del sistema tributario y una reducción efectiva de la presión fiscal. Esto es genera un aumento de la actividad económica, una reducción del desempleo y una reducción de la economía sumergida”.

En cuanto a la posibilidad de que el planteamiento de este estudio llegue a hacerse realidad, González-Eguino destaca que “este estudio refuerza la idea de que una reforma fiscal ambiental puede ser muy beneficiosa y nos permite poner cifras a una de las recomendaciones que desde hace mucho tiempo llevan tiempo haciéndonos varios organismos internacionales”. Aunque no deja de lado las limitaciones que han descubierto en el transcurso del estudio: “Por ejemplo, es posible que la subida de los precios de la energía asociado se contrarrestaría con el aumento de los salarios reales, pero para las personas inactivas —especialmente pensionistas y personas desempleadas— no existiría tal efecto. Es necesario analizar los posibles efectos regresivos de estas reformas, especialmente sobre los grupos más vulnerables e incluir en mecanismos que corrijan estos efectos si los hubiera”.