La Xunta ve «imposible» cumplir el plazo para la recogida selectiva de biorresiduos propuesto en el proyecto de Ley de residuos

La conselleira de Medio Ambiente asegura que si la obligatoriedad de implantar la recogida separada de materia orgánica en los municipios de más de 5.000 habitantes se adelanta a finales de 2021, los ayuntamientos «no tendrán dónde llevar ese residuo».

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, traslado la semana pasada al presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), Alberto Varela, la inquietud del Ejecutivo autonómico ante algunas de las novedades que quiere introducir el Gobierno en la futura Ley de residuos, tanto en relación con la gestión de la fracción orgánica, como con la posible creación de nuevos impuestos.

En concreto, se refirió a la intención del Ejecutivo central de adelantar a 31 de diciembre de 2021 la obligación de recoger separadamente los biorresiduos en los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. Por este motivo, solicitó el apoyo de la Fegamp para exigir al Gobierno que rectifique y armonice el contenido de la ley estatal a los criterios comunitarios, que fijan como plazo límite para la implantación de esta medida el 31 de diciembre de 2023.

Tras recordar que la gestión de los residuos domésticos es una competencia municipal, Ángeles Vázquez lamentó que el Estado llegue tarde con una norma que ya debería estar en vigor.

Así, consideró “totalmente imposible de cumplir” la propuesta del Gobierno central para implantar, en menos de seis meses, la recogida selectiva de los biorresiduos en los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, que en el caso de Galicia son 113.

“Primero, porque los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia, tendrían que adaptar sus contratos a esa recogida separada y, en segundo lugar, porque no tendrían a dónde llevar ese residuo”, indicó Ángeles Vázquez.

Impuestos al vertido y la incineración

La conselleira también expuso al responsable de Fegamp que el proyecto de Ley prevé incrementar la carga fiscal relacionada con la eliminación de los residuos. En este sentido, explicó que, por una parte, la propuesta estatal incluye la creación de un impuesto para grabar el depósito en vertedero (tanto el vertido directo como el derivado de los rechazos procedentes del pretratamiento de la basura), y por el otro, un impuesto que penalizaría a las instalaciones de valorización energética R1.

“No estamos de acuerdo con la presión fiscal que quiere imponer el Gobierno central. Esa no es la vía. Quien lo hace bien, debe ser premiado, y así es como lo llevamos haciendo en Galicia durante los últimos años bonificando el 10% del canon de Sogama [la empresa pública gallega de gestión de residuos] a los ayuntamientos que son capaces de frenar el incremento de los residuos”, declaró la conselleira, que cifró en 13 millones de euros la cuantía que tendrían que pagar los gallegos si prosperan estas medidas fiscales.

Ley gallega de residuos

Vázquez recordó que la Ley de residuos y suelos contaminados de Galicia, aprobada el pasado febrero, supone una herramienta moderna y en línea con las directrices de la UE, primando la prevención y la jerarquía en la gestión de los residuos y definiendo mecanismos efectivos para reducir el desperdicio alimentario y luchar contra los plásticos de un solo uso, dos de los grandes retos de la agenda europea.

En la misma línea, la conselleira explicó que la Xunta de Galicia tiene comprometidos ya más de 50 millones de euros para mejorar y garantizar una gestión idónea de los biorresiduos en la Comunidad. No obstante, esta planificación está planteada bajo la premisa de que todos los ayuntamientos debieran tener implantado el llamado quinto contenedor —destinado a la recogida de la materia orgánica— a finales de 2023, como marca la Directiva Europea de Residuos.

En este sentido, Vázquez subrayó que 25 millones se destinarán a construir tres nuevas plantas de compostaje en Vilanova de Arousa, Cervo y Verín, que estarán operativas la finales del próximo año y se sumarán a la ya existente en Cerceda; y también se refirió a las actuaciones previstas para mejorar y adaptar el funcionamiento de las 13 plantas de transferencia de Sogama para que puedan tratar la fracción correspondiente al quinto contenedor.